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La globalización y la delincuencia organizada

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La globalización y la delincuencia organizada

Mensaje por Anonymou el Mar Mar 06, 2007 4:44 pm

Las uniones o "alianzas estratégicas" entre diversos grupos rusos dedicados al crimen organizado, a los que vagamente suele llamárseles "la mafiya [mafia] rusa", y las grandes organizaciones delictivas latinoamericanas y caribeñas de alcance transnacional se expandieron rápidamente durante los noventa, tras la caída de la URSS. Hasta 2003, esas uniones, por lo menos en algunos de los países de la región (como Colombia, México y Brasil), dieron a las bandas criminales locales y/o a los grupos guerrilleros mayores posibilidades que nunca antes de tener acceso a mercados internacionales de drogas ilícitas, mecanismos de lavado de dinero y fuentes de armas ilegales y, por lo mismo, permitieron que un conjunto de organizaciones rebeldes y criminales de la región se convirtieran en obstáculos mucho más serios para el crecimiento económico, la estabilidad política y la consolidación democrática.

Los estados débiles son el contexto ideal para el florecimiento del crimen organizado. Luego del derrumbe del imperio soviético en 1991, el nuevo Estado ruso que asumió el poder en Moscú fue desde el principio un estado débil, y su flaqueza institucional hizo de Rusia, lo mismo que de la mayoría de los otros 14 estados independientes que habían surgido de la antigua URSS, un semillero para la delincuencia organizada durante los años noventa.

La debilidad institucional de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, junto con la existencia de un narcotráfico clandestino que genera colosales ganancias en el hemisferio occidental, hizo que los países de la región se convirtieran en objetivos de enorme atractivo para las organizaciones criminales rusas de corte transnacional. La falta de transparencia y de auténtico control estatal de los sectores bancarios permitió que los sistemas financieros de muchos países de la región se tornaran muy vulnerables a la penetración de los agentes del lavado de dinero ruso. La corrupción y la ineficiencia de sus instituciones de persecución del delito y de sus sistemas de administración judicial permitieron que los grupos criminales rusos operaran en numerosas jurisdicciones nacionales con una impunidad casi total. De hecho, la dudosa práctica de varios países de América Latina y el Caribe (como Dominica, Panamá, Uruguay y Paraguay, entre otros) de "vender" literalmente la ciudadanía constituyó una clara invitación para que las bandas delictivas rusas se establecieran en el hemisferio. Cuando los estados son débiles (es decir, cuando carecen ya sea de la voluntad y/o de la capacidad de hacer cumplir la ley), aparecen inevitablemente brechas entre la realidad y la legalidad que, de manera igualmente inevitable, son aprovechadas por la delincuencia organizada y otras empresas que operan fuera de la ley.

Es indudable que el actual proceso de globalización facilitó que las actividades de la mafiya adquirieran dimensiones transnacionales en la década pasada. A grandes rasgos, la globalización se refiere al "acortamiento" de las distancias a escala mundial mediante la aparición y el fortalecimiento de "redes de conexiones" económicas, tecnológicas, sociales, políticas y ambientalistas. Por supuesto, como muchos escépticos han hecho notar, las transformaciones recientes del sistema mundial no son nuevas del todo. Lo novedoso de ellas en el momento actual son su intensidad, su velocidad y el impacto en un número cada vez mayor de países y sociedades de todo el mundo, incluida la mayor parte del hemisferio occidental. Las organizaciones delictivas rusas de alcance transnacional (así como otras redes terroristas y criminales internacionales) han podido sacar provecho del creciente número de viajes internacionales, la liberalización de las políticas de emigración, la expansión del comercio internacional, la difusión de los sistemas de comunicaciones de alta tecnología y la insuficiente reglamentación de las redes financieras internacionales, para llevar sus empresas criminales mucho más allá de los límites de su país de origen.

Para estados cuya debilidad institucional se remonta a mucho tiempo atrás, como los de América Latina y el Caribe, la inserción acelerada en la economía global de las últimas tres décadas, y especialmente después de la Guerra Fría, exigió, por regla general, penosas medidas fiscales de austeridad por parte de los gobiernos nacionales y una fuerte "reducción" del Estado en general. Con el estandarte del "Consenso de Washington" y las reformas neoliberales de los mercados, las instituciones reguladoras, extractivas y de penetración del Estado en la región (que nunca fueron muy sólidas) sufrieron un drástico desgaste en muchos países latinoamericanos, sobre todo después de las crisis de deuda regionales de 1982. En consecuencia, durante los años noventa, las autoridades estatales de toda la región muchas veces no contaron con los recursos institucionales y financieros necesarios para combatir el auge y la expansión de la actividad de las organizaciones criminales transnacionales en sus territorios. A la fecha, las instituciones de persecución del delito en América Latina y el Caribe padecen penurias y condiciones inadecuadas por falta de recursos y por la corrupción. Los tribunales y los sistemas penitenciarios son atrasados y están saturados. Y la corrupción en los más altos círculos políticos continúa, e incluso ha empeorado en muchos casos, a pesar del dogma neoliberal de que la liberalización sistemática (una vez que la fase de transición inicial haya concluido) eliminaría o al menos reduciría el margen de oportunidades de lucro ilícitas o clandestinas que pueden aprovechar las élites políticas. Sin estar preparada, como lo estuvo en el pasado, para combatir el crimen organizado transnacional, luego de casi dos décadas de reformas neoliberales la mayoría de los estados de la región dispone hoy de menos recursos institucionales para hacerle frente.

La tendencia de las reformas neoliberales a ahondar la brecha entre ricos y pobres en muchos países de América Latina y el Caribe y aumentar los niveles de desempleo y pobreza de las clases o grupos subordinados no vinculados con los sectores de exportación "modernos" (es decir, los principales "perdedores" en los procesos de globalización), como era fácil predecir, generó una resistencia creciente a la globalización entre los desfavorecidos e intensificó las demandas populares de reformas políticas y de una democratización más completa en toda la región. Aun así, en el contexto de la globalización, el alcance de la acción autónoma del Estado en la mayoría de los países latinoamericanos es muy limitado y las políticas de mejora son vistas como ineficientes e inaceptables. Enfrentadas al poder avasallador de la producción globalizada y las finanzas internacionales, del que forman parte las pesadas cargas de la deuda internacional, casi todas las élites políticas latinoamericanas y caribeñas se vieron obligadas a negociar desde posiciones débiles las condiciones de la progresiva integración de sus países al sistema capitalista globalizado. Incapaces de oponerse a las tendencias transnacionales más fuertes y renuentes a adoptar sistemas más flexibles de representación política democrática para modernizar y legitimar el Estado, en general las élites gubernamentales y partidistas han luchado por mantener intactas las estructuras fundamentales del poder y la dominación mientras, al mismo tiempo, resisten las presiones populares por mayores igualdad socioeconómica y democracia, con la atracción selectiva de los votos mediante prebendas por parte del Estado (a fin de limitar el creciente disenso) y la coacción estatal sistemática (para reprimir los estallidos de protesta y el pretorianismo).

Por lo tanto, en casi toda América Latina y el Caribe, la dinámica globalizadora generó en las últimas dos décadas condiciones casi ideales para que la inserción y rápida difusión de la delincuencia organizada transnacional. Por un lado, los cientos de millones de pobres desempleados y subempleados de la región constituyen un vasto caldo de cultivo en el que delincuentes de todo tipo encuentran condiciones para fructificar y multiplicarse. De hecho, que muchos en el hemisferio se enrolen en actividades delictivas, entre ellas varias formas de crimen organizado, puede considerarse como una estrategia de supervivencia racional ante lo que de lo contrario serían oportunidades de vida muy limitadas. Por otro lado, los estados débiles característicos de buena parte de la región, a menudo corruptos y/o ilegítimos, muchas veces han sido incapaces de atender de manera adecuada las urgentes necesidades de los sectores "marginados" de sus poblaciones o de impedir la rápida propagación de la delincuencia común. Y han sido aún menos capaces de detener el aumento o impedir la expansión de organizaciones criminales transnacionales, más complejas y preparadas desde el punto de vista tecnológico.

Anonymou
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Re: La globalización y la delincuencia organizada

Mensaje por Anonymou el Mar Mar 06, 2007 4:44 pm

EL ASCENSO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA RUSA

Si bien a principios de los años setenta, e incluso antes, en lo que fue la URSS ya había indicios del ascenso de la delincuencia organizada (por ejemplo, la tristemente célebre banda de Odessa y la floreciente economía "fantasma"), las organizaciones que hoy se conocen de manera genérica como la mafiya rusa aparecieron a mediados de los ochenta en el contexto del famoso programa de apertura económica de Mikhail Gorbachov (el último presidente de la URSS), conocido por la palabra rusa perestroika ("reestructuración"). La perestroika no sólo allanó el camino para el establecimiento de empresas privadas legales en la URSS, sino que también creó nuevas oportunidades para la actividad delictiva de todo tipo, al haberse debilitado el control soviético de la economía nacional. El surgimiento de las bandas criminales soviéticas recibió un impulso adicional, durante este periodo inicial de la reestructuración, con la política paralela de la glasnost ("apertura"), que rápidamente socavó la autoridad del Partido Comunista y el control estatal centralizado de los procesos políticos. Las erróneas políticas económicas que alentaban el uso de "la iniciativa y el impulso" del mercado negro o de la economía "fantasma", promovidas por importantes asesores de Gorbachov, estimularon aún más el crecimiento de la delincuencia durante los últimos años de su presidencia.

La dirigencia soviética no consiguió prever todas las consecuencias de sus reformas y, así, generó sin proponérselo la "tierra fértil" para el crecimiento de una nueva oleada de crimen organizado en lo que había sido la URSS. Entre los primeros beneficiarios de las reformas de Gorbachov había muchas pequeñas bandas de delincuentes y contrabandistas menores que, en pocos años, lograron crear redes delictivas de dimensiones considerables, aunque en general informales. Entre las empresas delictivas pioneras más lucrativas que lanzaron los nuevos mafiosos rusos estaban los esquemas de extorsión o "protección" dirigidos a la naciente clase capitalista del país o "nuevos ricos", de quienes se recaudaban "impuestos" a cambio de protección contra otras pandillas, de ayuda para librarse de competidores no deseados y de asistencia para cobrar deudas difíciles. El robo y la venta clandestina de propiedades estatales también se volvieron pronto objeto de las grandes empresas de la mafia rusa.

A principios de los años noventa, a pesar de los desesperados esfuerzos de Gorbachov y sus camaradas reformistas del Partido Comunista por regular la apertura económica y política de su país mediante reformas legislativas, el Estado soviético perdió el control del proceso y acabó por desintegrarse en diciembre de 1991. En un contexto histórico de instituciones legales débiles y de declive de la autoridad administrativa central, la apertura de la economía soviética fue un proceso esencialmente caótico. El poco orden logrado durante el periodo de transición de principios y mediados de los años noventa no fue obra del Estado, sino de un grupo de "coordinadores" o "padrinos" (muchas veces conocidos como "ladrones de la hermandad de la ley",* que garantizaban la estabilidad del naciente sistema de la delincuencia organizada y, hasta cierto punto, coordinaban a sus distintos elementos. Entre los principales servicios que prestaban los "ladrones de la hermandad de la ley" estaban la protección de pseudoempresarios contra la extorsión de bandas rivales, la división de las esferas de influencia entre las organizaciones mafiosas que proliferaban con pasmosa rapidez, la asistencia a criminales para "colocar" las propiedades robadas al Estado y el lavado de las ganancias, y la facilitación de contactos entre los jefes de las pandillas y los funcionarios corruptos de la "nueva" Rusia. Doce años después del derrumbe de la URSS, los "ladrones de la hermandad de la ley" continúan operando en Rusia y en otros estados independientes postsoviéticos de Europa Central y del Este, haciendo prácticamente intocable la actividad de las organizaciones delictivas en buena parte de la región para las instituciones judiciales nacionales o internacionales.

En general, las naciones occidentales que ofrecen donaciones, y Estados Unidos en particular, pueden haber contribuido indirectamente a socavar o debilitar el Estado ruso y otros estados postsoviéticos durante los años noventa, al seguir políticas de asistencia equivocadas. Por temor de que los antiguos jerarcas burocráticos del Partido Comunista pudieran apoderarse de la asistencia occidental otorgada a Rusia y a otros países del antiguo bloque soviético o desviarla hacia destinos impropios, siempre que fue posible la mayoría de los donadores internacionales canalizó su ayuda a través de organizaciones no gubernamentales y no mediante las instituciones estatales vigentes. La idea era contribuir a fortalecer las sociedades civiles embrionarias de la región en la era postsoviética a la vez que se ponían límites a las arraigadas y corruptas autoridades burocráticas. A pesar de las buenas intenciones, en la práctica, dichas políticas no impidieron que los recursos de la ayuda occidental fueran desviados por las organizaciones delictivas que proliferaban en la región y en realidad pueden haber facilitado que crecieran las empresas criminales de diverso tipo, al permitirles eludir por completo los controles estatales. Al mismo tiempo, estas medidas de asistencia redujeron aún mas la autoridad y la capacidad de las instituciones estatales ya de por sí debilitadas, al tiempo que limitaban la influencia de los donadores internacionales en sus esfuerzos de apoyo a las reformas institucionales efectivas.

Sin dejar de reconocer la importancia y el impacto de la delincuencia organizada rusa tanto en la Rusia contemporánea como fuera de ella, muchos analistas advierten que no debe "inflarse" desproporcionadamente el alcance de las actividades de la mafiya. Según todas las estimaciones, la economía subterránea en Rusia es, en efecto, grande, y puede representar de 20 a 40% del producto interno bruto (PIB) del país. Sin embargo, la mayor parte de este sector "ilícito" corresponde a empresas productivas y comerciales legales no registradas, y por lo tanto no sujetas a impuestos, y no a las actividades tradicionales de la mafiya (narcóticos, extorsión, tráfico de armas, etc.). En la práctica, las organizaciones delictivas rusas no son monolíticas ni necesariamente jerárquicas, sobre todo en el extranjero. En efecto, la mayor parte de la actividad criminal rusa en el comercio ilegal internacional, desde el narcotráfico al contrabando de material radioactivo y el lavado de dinero, la realizan coaliciones criminales ad hoc con pocos recursos, una débil estructura formal y conexiones limitadas con el aparato de poder gubernamental o político tanto en Rusia como en el extranjero. Los grupos de la mafiya muy a menudo se asocian temporalmente para hacer negocios específicos, dividirse las ganancias ilícitas y luego irse cada cual por su lado.

Además, el Grupo de Colaboración Intersecretarial sobre la Delincuencia Internacional del gobierno de Estados Unidos sostiene que a finales de los años noventa el dominio tradicional de los "ladrones de la hermandad de la ley" o "padrinos" de la delincuencia rusa comenzó a dar paso poco a poco a una nueva cepa de delincuentes rusos más agresivos, sofisticados y con mayor destreza política, cuyo conocimiento de las prácticas modernas en materia de tecnología y comercialización les permitió operar con más eficiencia por encima de las fronteras internacionales. A principios del nuevo siglo, tal vez la más poderosa de esta nueva camada de organizaciones delictivas rusas en términos de riqueza, influencia y control financiero sea el grupo Solntsevo, conocido como Solntsevskaya. La Solntsevskaya predomina en el hampa organizada de Moscú (con todo y el mercado de drogas) y se piensa que hace amplias operaciones de nivel mundial que comprenden el tráfico de armas y narcóticos y el lavado de dinero. De todos modos, los importantes contactos y alianzas de la Solntsevskaya en el extranjero no indican que vaya a surgir un vasto imperio clandestino cuyo centro esté en Rusia. Más bien, la mayor parte de las redes delictivas internacionales rusas sigue constituyéndose de "alianzas de conveniencia" temporales y de corta vida, y no son duraderas ni estratégicas.

Con la transición de la presidencia de Boris Yeltsin a la de Vladimir Putin en 1999-2000, el péndulo político de Rusia comenzó a oscilar de nuevo hacia la construcción de un Estado ruso más fuerte. En los últimos años la opinión pública rusa mostró una insoslayable preocupación por la construcción de un "Estado fuerte" capaz de controlar la creciente ilegalidad y la corrupción. En repetidas ocasiones, el mismo Putin se ha referido a la necesidad de imponer "la dictadura de la ley". Sin embargo, los analistas escépticos mencionan que el mismo presidente Putin proviene del propio sistema oligárquico creado en tiempos de Yeltsin y que ha rechazado insistentemente la idea (que goza de mucho respaldo en Rusia) de investigar los resultados de las muy cuestionables privatizaciones que se hicieron de las empresas rusas antiguamente manejadas por el Estado en la década de los noventa, por faltas a la legalidad, el amiguismo y la corrupción. Si a fin de cuentas la "dictadura de la ley" de Putin resulta no ser otra cosa que un modo de proteger las ganancias de los beneficiarios de un vacío legal que duró una década, entonces es probable que la principal fuente de la delincuencia organizada y de la corrupción de Rusia se mantenga en su lugar.

A finales de los años noventa, el Departamento para el Control del Crimen Organizado del Ministerio del Interior de la Federación Rusa informó que más de 8000 organizaciones delictivas rusas, euroorientales y eurasiáticas y unos 750 a 800 "ladrones de la hermandad de la ley" conformaban la mafiya. Hasta el año 2000, entre 200 y 300 de estos grupos de la mafia rusa (cuyo número de miembros va de algunas docenas a varios cientos) hacían operaciones transnacionales, muchos en el hemisferio occidental. Además, se identificaron al menos 150 bandas delictivas rusas de orientación étnica, compuestas de chechenos, georgianos, armenios y ruso-coreanos, de los cuales al menos 25 tenían actividad en diversas partes de Estados Unidos, el Caribe y América Latina.

Desde una perspectiva geoestratégica, la expansión internacional de la delincuencia organizada rusa durante los noventa siguió en lo esencial un modelo de orientación de tres líneas. La primera línea apunta hacia los países recién independizados de la antigua URSS, o lo que los rusos llaman su "extranjero próximo". La infraestructura y las redes soviéticas remanentes constituyeron una "autopista para el crimen" ideal, que dio fácil entrada a nuevos mercados situados fuera de Rusia propiamente dicha, a través de vínculos con ex agentes locales de la KGB y otros miembros corruptos del antiguo régimen. Muchos funcionarios que durante la era soviética habían sido honestos también se vieron atraídos por los tratos "por soborno o por trueque" de la mafiya debido a su veloz y dolorosa pérdida de poder, prestigio e ingresos. Además de la posibilidad de establecerse en estos nuevos mercados, un segundo atractivo para expandirse en el extranjero próximo era que ofrecía un fácil acceso a Europa Occidental y a la Unión Europea a través de Europa Central y del Este. También facilitaba la entrada de la mafiya a los Balcanes, entonces en pleno conflicto, y hacia el sur el acceso al Cáucaso y a Irán, Turquía e Irak y, tal vez lo más importante de todo, a Asia Central y sus conexiones con el origen de la heroína en Afganistán y Pakistán.

La penetración de la delincuencia rusa en el extranjero próximo avanzó rápidamente en los años noventa, arrollando literalmente a las embrionarias instituciones judiciales y policiacas de los países recién creados en el área. Para principios del nuevo siglo, sin embargo, cada vez más conscientes de la gravedad de la amenaza que la corrupción y la criminalidad de la mafiya habían llegado a representar para la viabilidad institucional y la seguridad del Estado, las autoridades de los gobiernos de la región emprendieron agresivas campañas contra la delincuencia organizada y la corrupción política y burocrática concomitante. A principios de 2003, en gran medida sigue sin saberse cuán exitosos resultarán finalmente esos esfuerzos.

Una segunda línea u objetivo de la expansión de la mafia rusa en el exterior, paralela a la anterior, fue Asia. A principios de los años noventa, diversos grupos de la mafiya trataron de establecer acuerdos o alianzas con las "tríadas" chinas, tanto del continente (específicamente de Shanghai) como de Macao, Hong Kong e incluso Malasia. Sirviéndose del puerto de Vladivostok como base de operaciones y utilizando sus contactos con las autoridades rusas corruptas y los oficiales navales estacionados allí, estos grupos de la mafiya trataron de aprovechar la creciente actividad mercantil legal entre ese importante puerto ruso y los lucrativos mercados de China y Corea. Contrariamente a lo esperado, sin embargo, el plan asiático no resultó tan productivo como se había supuesto. Esto se debió en parte a que el comercio chino-ruso y coreano-ruso no creció tan rápidamente como se había previsto en un principio. Además, las mafias rusas descubrieron que trabajar con las organizaciones criminales chinas o coreanas era más difícil de lo que habían supuesto. Las bandas chinas, en especial, mostraban desconfianza hacia los rusos y escepticismo respecto de los beneficios potenciales de colaborar con ellos. En la práctica, los arraigados y poderosos lazos de las tríadas chinas con los funcionarios corruptos del Partido Comunista Chino y su importante participación en las operaciones de las fuerzas armadas chinas (el Ejército Popular de Liberación), junto con su vasta red de empresas, impidieron toda posibilidad de establecer una estrecha colaboración efectiva entre las organizaciones delictivas rusas y chinas, al menos a mediano plazo.

La tercera línea de la estrategia de expansión de la mafiya en el extranjero durante los años noventa se proponía penetrar en el hemisferio occidental, empezando por Estados Unidos y Canadá. A mediados de los noventa, frustrados por los decepcionantes resultados de su estrategia asiática, los grupos de la delincuencia organizada rusa empezaron a interesarse y a concentrarse cada vez más en las nuevas oportunidades que presentaban América Latina y el Caribe para la actividad criminal. En particular, se dieron cuenta de que la región ofrecía mercados abiertos para las armas rusas y del bloque soviético (que podrían cambiar por drogas que, a su vez, llevarían de contrabando a Europa y Rusia), y fácil acceso a las redes financieras globales con miras al lavado de dinero. Además, los estados relativamente débiles y la "cultura de la corrupción" de profunda raigambre en la región constituían un ambiente que recordaba al que había predominado en la Rusia postsoviética, donde habían surgido y florecido las organizaciones delictivas rusas. En efecto, la mafiya adaptó las tácticas de la era soviética anterior para establecer lazos en el continente americano mediante atractivas ofertas de armas baratas y "asistencia técnica". Esta vez, sin embargo, la asistencia técnica ofrecida estaba en el campo del lavado de dinero más que en el uso del elaborado armamento soviético.

Anonymou
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Re: La globalización y la delincuencia organizada

Mensaje por Anonymou el Mar Mar 06, 2007 4:45 pm

ACTIVIDADES DE LA MAFIYA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Dados sus intereses comunes en obtener ganancias ilícitas y en eludir a las autoridades de justicia nacionales e internacionales, las organizaciones criminales rusas (como las italianas, asiáticas o estadounidenses) tienen una tendencia "natural" a establecer alianzas o asociaciones con sus contrapartes de América del Sur y el Caribe cuando operan en la región. Estos vínculos permiten a los rusos, lo mismo que a otros grupos delictivos transnacionales, realizar sus actividades delictivas en la región con un perfil relativamente bajo, para evitar que las autoridades los detecten y así reducir los riesgos de arrestos, infiltraciones y, al cabo, de pérdidas de utilidades.

De acuerdo con Interpol, lo que atrajo a los grupos de la mafia rusa y en lo que participaron primero en América Latina y el Caribe fueron el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución y el tráfico de armas. Aunque en 2003 Rusia y Europa Central y del Este sólo representaban 10% de las ventas mundiales de drogas (un total aproximado de 15000 a 20000 millones de dólares estadounidenses), hoy son un mercado en rápida expansión y las ganancias ya resultan enormes. Las estadísticas oficiales revelan que en 2002 había unos 500000 adictos en Rusia, pero las autoridades gubernamentales reconocieron tácticamente que el verdadero número de drogadictos del país podría llegar a entre tres y cuatro millones. El mercado de las drogas es aún mayor en Europa Occidental (quizá de 50000 o 60000 millones de dólares estadounidenses), donde los rusos también tienen una fuerte presencia. Estrechamente vinculada con sus actividades de narcotráfico está su cada vez mayor participación en la venta ilegal de armas en América Latina, a menudo mediante trueques de "armas por droga" con los cárteles de narcotraficantes y las organizaciones guerrilleras. Por último, en vista de las débiles capacidades estatales de persecución del delito y de regulación en la antigua URSS y la actual situación incipiente de institucionalización de los sistemas bancarios y financieros en Rusia y en la mayor parte de la Europa postsoviética, las organizaciones criminales rusas, muchas veces con la protección o el auspicio de los "ladrones de la hermandad de la ley", han podido ofrecer servicios de lavado de dinero con relativamente bajo riesgo a diversos narcotraficantes sudamericanos, a veces cobrando comisiones de hasta 30% de las ganancias.

Además de estas tres actividades básicas, también hay pruebas de que la participación rusa está creciendo en otras empresas delictivas latinoamericanas como prostitución, trata de blancas, pornografía infantil, usura, extorsiones, secuestros, fraudes con tarjetas de crédito, fraudes informáticos, falsificaciones y robo de autos, para mencionar sólo lo más notorio. El verdadero alcance de la participación de la mafiya en estas actividades delictivas en América Latina es, por supuesto, difícil de especificar con precisión e indudablemente varía de un país al otro. En las secciones que siguen se presentan breves análisis de las principales características de la actividad delictiva rusa en los países y subregiones más destacables de América Latina y el Caribe.

Anonymou
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Re: La globalización y la delincuencia organizada

Mensaje por Anonymou el Mar Mar 06, 2007 4:45 pm

MÉXICO

Los informes de Interpol indican que diversas organizaciones delictivas rusas, que operan literalmente a través de "cientos" de pequeñas células, participan en una amplia gama de actividades ilegales en México. Grupos de la mafiya como Poldolskaya, Mazukinskaya, Tambovskaya e Izamailovskaya, todos ligados a una de las grandes organizaciones criminales rusas transnacionales (Vory v Zakone, justamente el nombre ruso de los "ladrones de la hermandad de la ley"), se cuentan entre los más activos. También hay informes de que la banda Solntsevskaya, que tiene su base en Moscú, opera en México, lo mismo que otras bandas de Chechenia, Georgia, Armenia, Lituania, Polonia, Croacia, Serbia, Hungría, Albania, Rumania y Corea. Entre sus actividades principales están el tráfico de drogas y armas, el lavado de dinero, la prostitución, la trata de blancas en Europa del Este y Central y en Rusia, así como el contrabando de emigrantes, el secuestro y las estafas con tarjetas de crédito.

Las conexiones con uno o más de los siete principales cárteles criminales mexicanos que operan en el país permiten que estas bandas rusas obtengan drogas (sobre todo cocaína y metaanfetaminas) a bajos precios y en circunstancias relativamente seguras (muchas veces en complejos vacacionales, hoteles o casas particulares que pertenecen a sus socios mexicanos y donde cuentan con su protección). Durante los últimos cinco años, las rutas de contrabando del Océano Pacífico han ido suplantando a las rutas del Caribe, más congestionadas y donde la vigilancia es mayor, como opción de contrabando más lucrativa para los traficantes de cocaína. Hoy se sospecha que más de la mitad de toda la cocaína que entra en Estados Unidos pasa por el Pacífico. La captura de cocaína de origen andino destinada a México y Estados Unidos ascendió a más del doble tan sólo entre 1999 y 2000. Este aumento de las confiscaciones fue tanto función del incremento general de los flujos de droga en el Pacífico oriental, en especial los que parten de Colombia, como resultado de una importante redistribución de la Guardia Costera de Estados Unidos en la costa del Pacífico, que la sacó de su misión tradicional de controlar las actividades pesqueras para ir en apoyo del ejército estadounidense en sus operaciones de combate a las drogas. También puso de manifiesto la mayor cooperación y comunicación de la información entre los organismos estadounidenses de persecución del delito y la marina mexicana, durante los últimos años de la presidencia de Ernesto Zedillo (que gobernó de 1994 a 2000).

Las tácticas de los narcotraficantes en el Pacífico han adquirido un alto grado de profesionalización y constituyen un gran desafío para las autoridades judiciales estadounidenses, mexicanas y de otros países de la región, a diferencia de las que solían utilizar los traficantes en el Caribe. En primer lugar, el Pacífico es un océano abierto, y por lo tanto, comparativamente, mucho más difícil de patrullar que el más pequeño y limitado Caribe. En segundo lugar, en general la cocaína se transporta en el Caribe en lanchas a motor abiertas que son relativamente fáciles de detectar a causa de sus poderosos motores y sus depósitos de combustible adicional. En el Pacífico, en cambio, la cocaína muchas veces se esconde en el casco de los buques pesqueros o entre el cargamento, a bordo de grandes barcos contenedores, que son de por sí más difíciles de identificar y registrar.

El inconveniente del repliegue de los guardacostas y las fuerzas navales estadounidenses del Pacífico oriental a sus aguas territoriales para la defensa del territorio nacional, luego de los ataques terroristas a Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001, fue que tuvo el efecto de ampliar el corredor del Pacífico para el narcotráfico. El uso extensivo de las capacidades navales estadounidenses para la concentración masiva de fuerzas que realiza la administración Bush a principios de 2003 en el Golfo Pérsico, con el fin de emprender acciones militares contra el régimen de Saddam Hussein en Irak, limitó aún más la capacidad del gobierno estadounidense de combatir las operaciones de narcotráfico de droga en la ruta del Pacífico.

El 3 de mayo de 2001, la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo (frente a la costa del Pacífico mexicano, 1000 km al sur de Acapulco) a un barco pesquero tripulado por rusos y ucranianos, con bandera de Belice, llamado Svesda Maru, con 12 toneladas de cocaína colombiana; ello es una prueba concluyente de la presencia de la mafiya en el tráfico de cocaína a México. Con la sospecha de que el barco podría estar involucrado en el narcotráfico, las autoridades estadounidenses lo abordaron el 28 de abril y permanecieron cinco días en él buscando mercancía de contrabando. Las 12 toneladas de cocaína se encontraron en los tanques de combustible del barco sólo después de que un ingeniero experto en estructuras de la Guardia Costera estadounidense efectuara "resonancias" en las diversas cavidades del navío. Resultó ser la mayor captura de cocaína en la historia marítima de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses sostienen que la tripulación, compuesta por ocho ucranianos y dos rusos, debe haber tenido permiso del cártel de Tijuana (encabezado por el lamentablemente célebre clan de los Arellano Félix) para transportar semejante cantidad de cocaína hacia la Costa Oeste de Estados Unidos. De acuerdo con un vocero de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, las nacionalidades de la tripulación del Svesda Maru demostraron que había una asociación directa entre grupos del crimen organizado ruso y miembros de la banda de los Arellano Félix. Revelaciones anteriores hechas por la Procuraduría General de la República de México en noviembre de 2000, según las cuales las autoridades mexicanas habían encontrado pruebas de que la organización de los Arellano Félix de Tijuana había proporcionado armamento y dinero rusos a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a cambio de grandes envíos de cocaína, también apuntan a un patrón de creciente presencia de la mafiya en la conexión de la droga mexicano-colombiana.

Según se ha sabido, funcionarios estadounidenses del sur de California sospechan que los tripulantes rusos y ucranianos del Svesda Maru pertenecerían a una sociedad del crimen organizado ruso con base en Los Angeles, donde viven entre 600 y 800 conocidas figuras de la delincuencia rusa, sobre todo en las áreas norte y oeste de Hollywood. Un informe del Departamento de Justicia de California de 1999 consigna que los grupos delictivos rusos con sede en Los Angeles habían establecido alianzas con La Cosa Nostra en América del Norte, con los cárteles colombianos en América del Sur y con la mafia siciliana en Europa. Antes de la captura de mayo de 2001, las autoridades mexicanas solían declarar que la única alianza delictiva existente entre rusos y mexicanos había sido la forjada por Amado Carrillo Fuentes (alias "El Señor de los Cielos"), del cártel de Juárez, antes de su muerte en 1997.

La mayor parte de la cocaína sudamericana que pasa por México tiene como destino incuestionable el mercado estadounidense. El crimen organizado ruso no ha tenido, sin embargo, un papel protagónico en el tráfico ilícito de cocaína a Estados Unidos, al menos hasta ahora. La participación rusa en el contrabando de cocaína a través de México parece orientada sobre todo a los mercados de Europa Occidental, Rusia y Europa del Este. Las bandas rusas disponen de numerosas rutas de contrabando de droga para sacar la carga de México. Una de ellas, bien conocida, consiste en embarcar la droga en buques de carga que recorren el Pacífico hasta el puerto de Vladivostok, en el extremo oriental ruso para, desde allí, enviarla al interior de Rusia. Una segunda ruta, también del Océano Pacífico, parte de Colombia hacia el sur, siguiendo la costa occidental sudamericana, traspone el Cabo de Buena Esperanza y luego cruza el Atlántico Sur hasta llegar a los puertos rusos o europeos (trayecto conocido por los rusos como la "ruta occidental"). Una tercera ruta transporta los embarques rusos de droga en buques que se cargan en la costa este de México y atraviesan el Golfo de México y el Caribe para llegar a los puertos de España, Portugal, Sicilia y el Mar Báltico (la "ruta báltica"). No se ha probado que las organizaciones delictivas rusas hayan tratado de contrabandear cocaína destinada a los mercados europeos o rusos y de Europa del Este a través del territorio estadounidense. Se ha concluido que lo más probable es que los costos de hacerlo resulten prohibitivos, y que el riesgo de caer en manos de las autoridades policiacas de Estados Unidos sea demasiado alto.

Anonymou
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Re: La globalización y la delincuencia organizada

Mensaje por Anonymou el Mar Mar 06, 2007 4:46 pm

AMÉRICA CENTRAL

De los siete países de América Central (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice), que son de tránsito y relativamente pequeños, seis (la excepción es Panamá) recibieron hasta hace poco mucha menos atención que México de parte de las organizaciones de la mafiya. De todos modos, en 2001 se capturaron en el Pacífico oriental, por la zona de América Central, dos grandes cargamentos de cocaína en buques cuya tripulación era mixta, formada por rusos, ucranianos, salvadoreños y nicaragüenses, lo que hizo que todas las autoridades del Istmo lanzaran la voz de alarma. Y de hecho, en marzo de 2001, Interpol advirtió que varios ciudadanos de la antigua URSS vinculados con la delincuencia organizada habían fincado su residencia en diversos países de la subregión. Con la intensificación del narcotráfico entre Colombia y México a lo largo de la costa del Pacífico, muchos analistas temen que la actividad del crimen organizado ruso aumente también en toda América Central.

A principios de la presente década, la situación en América Central favorecía de algún modo la expansión del crimen organizado ruso y de otros tipos, dada la generalización de la pobreza en la subregión (tres cuartos de los aproximadamente 30 millones de centroamericanos viven con menos de dos dólares por día) y la debilidad y corrupción de las instituciones políticas en todo el Istmo. El narcotráfico es la empresa ilegal más lucrativa de América Central. En 2000, la DEA informó que de las 645 toneladas métricas de cocaína que, según se estima, se introdujeron en Estados Unidos, unas 425 toneladas métricas pasaron por el corredor de América Central y México.

Estos enormes volúmenes de cocaína colombiana (y en menor medida peruana) que se transportaron por la subregión alentaron en años recientes la aparición de unas 2000 bandas juveniles y violencia, sobre todo en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Buena parte del ascenso de los crímenes violentos que devoran las frágiles democracias de América Central, desalientan la inversión extranjera y retardan el crecimiento económico el cual se relaciona directamente con la actividad de las bandas juveniles. En El Salvador, por ejemplo, las autoridades de la Policía Nacional consignaron 735 homicidios entre enero y abril de 2001; de ellos, 599 tenían relación con la violencia entre las bandas y con el tráfico de drogas. En 2001, el gobierno salvadoreño estimó que las actividades delictivas costaban al país el equivalente a 13% del PIB anual. El número de miembros de todas estas bandas en los cuatro países de América Central se calcula en 400000 jóvenes, que en su mayoría son hombres de entre 12 y 24 años. La policía de Honduras, por ejemplo, confirmó que hay 489 bandas juveniles distintas, y funcionarios de Guatemala identificaron unas 500 en su país, que tendrían unos 100000 miembros activos en total. Muchas de estas pandillas, o "maras", como se les llama en la subregión, están dirigidas por jóvenes o adultos jóvenes que antes pertenecieron a bandas de Estados Unidos, pero fueron declarados culpables y se les deportó a su originaria América Central. Algunas de estas bandas, como la temida y despiadada "Mara Salvatrucha", también tienen extensiones en las grandes ciudades estadounidenses, participan en el tráfico de armas y drogas, y cumplen contratos de asesinatos para organizaciones de Colombia y México que trafican con drogas.

Estos vínculos con los cárteles colombianos y mexicanos han permitido a las bandas de América Central actualizar sus arsenales y formar organizaciones criminales más profesionales que nunca. Sus lazos con la delincuencia organizada de las ciudades de Estados Unidos, junto con sus conexiones con los cárteles mexicanos y colombianos, facilitaron a las "maras" de América Central ampliar sus contactos con las organizaciones delictivas rusas en los últimos años, en especial en las áreas del narcotráfico, la venta ilegal de armas y el lavado de dinero. En consecuencia, las bandas violentas de América Central que contaban con conexiones internacionales, eran financiadas por el dinero de la droga y estaban equipadas con rifles de asalto AK-47 (algunos, aunque no todos, de fabricación rusa) y granadas de propulsión, actualmente desafían (y muchas veces sobrepasan) al equipo con que cuentan los organismos no militares encargados de perseguir el delito en el Istmo.

Los gobiernos de la subregión han tratado de detener esta espiral de delincuencia, pero cada uno de ellos enfrenta serias restricciones en sus presupuestos nacionales que han limitado su capacidad de responder con eficacia (y ello no cambiará en el futuro previsible). Los gobiernos de El Salvador y Honduras decidieron en 2001 recurrir a sus ejércitos para reforzar sus inadecuadas instituciones judiciales y policiacas civiles. Después de un sangriento motín en una prisión en junio de 2001, el presidente Portillo de Guatemala declaró que su gobierno pediría más asistencia a Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, entre otros países. También recientemente, tanto el gobierno de Nicaragua como el de Costa Rica se empeñaron en atacar la actividad criminal en sus países. Por lo tanto, es probable que en los próximos años haya más intervención de las fuerzas armadas en la administración de la justicia civil en América Central. Sin embargo, las economías nacionales de la subregión soportan una presión tan fuerte que cualquier aumento de la inversión en aplicación de la justicia y la seguridad necesariamente implicará una reducción del gasto social que, a su vez, podría resultar socialmente explosivo y desestabilizador desde el punto de vista político. Además, una mayor participación militar en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la subregión podría conducir a que las fuerzas armadas de cada nación se contaminen y corrompan, como ha ocurrido en México, Perú, Bolivia y otros países de América Latina en las últimas dos décadas.

Anonymou
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Re: La globalización y la delincuencia organizada

Mensaje por Anonymou el Mar Mar 06, 2007 4:46 pm

COLOMBIA, EL CARIBE Y LA COCAÍNA DE LOS ANDES

Los grupos de la mafiya que operan desde Los Angeles, Nueva York, Miami y San Juan de Puerto Rico, entre otras ciudades de América del Norte, establecieron diversas alianzas con las organizaciones de tráfico colombianas desde 1992, por lo menos, para adquirir cocaína, enviarla a Europa y los territorios de la antigua URSS y para proporcionar armas a los narcotraficantes y las organizaciones guerrilleras de Colombia. El primer encuentro "cumbre" entre el célebre cártel de Cali colombiano y los capos de la mafia rusa se habría realizado en Moscú a finales de 1992, aunque hay pruebas de que el cártel de Cali enviaba cocaína colombiana a Rusia y a otros países del Bloque del Este al menos desde 1991. Antes de que se forjara esta conexión rusa, a finales de la década de los ochenta y principios de la siguiente, el cártel de Cali ya había establecido una alianza con las organizaciones criminales de Sicilia que fue fundamental en la apertura del mercado europeo a la cocaína colombiana. En efecto, la conexión siciliana constituyó una alianza estratégica entre los grupos de Colombia y los de la mafia siciliana que permitió a las organizaciones de traficantes del país sudamericano diversificarse en los nuevos y lucrativos mercados europeos en un momento en que el mercado de cocaína estadounidense se había saturado. Estas nuevas alianzas con los grupos de la mafiya dieron a los colombianos un acceso aún mayor al creciente mercado europeo de cocaína. A mediados de los años noventa, las organizaciones delictivas rusas abrieron más de una docena de bancos y compañías pantalla en el Caribe para lavar cientos de millones de dólares provenientes de la venta de la droga colombiana y otras actividades delictivas.

Mediante operaciones secretas, los organismos judiciales y policiacos de Estados Unidos también pudieron detectar, desde mediados de los noventa, varios intentos de mafiosos rusos de vender submarinos, helicópteros y misiles tierra-aire a los narcotraficantes colombianos. En un encuentro que mantuvieron en febrero de 1997 el mafioso ruso Ludwig Fainberg (alias "Tarzán") y representantes del cártel de Cali en un cabaret propiedad de la mafia rusa llamado Porky's, en Miami, Florida, "Tarzán" les ofreció un submarino a diesel, soviético, clase Tango, de 5.5 millones de dólares, con tripulación incluida, para que el cártel de Cali lo usara en el transporte de cocaína de la costa colombiana del Pacífico hasta México o California. Pero Fainberg fue arrestado poco después y el trato nunca se consumó. Al menos dos helicópteros de combate rusos, junto con muchas armas pequeñas, fueron vendidos al cártel de Cali a mediados de los noventa. A finales de la misma década, buques rusos atracaron repetidas veces en el puerto caribeño de Turbo, en el norte de Colombia, para descargar embarques de rifles de asalto AK-47 de fabricación rusa y granadas de propulsión para la guerrilla de las FARC y, posiblemente, para los grupos paramilitares de derecha, a cambio de cocaína. El descubrimiento de un submarino a medio construir en un suburbio de Bogotá a finales de 2000, con planos y especificaciones rusos, agregó elementos a la especulación sobre la cada vez mayor conexión rusa con el narcotráfico colombiano, aun cuando nunca se demostró la presencia directa de figuras criminales rusas en este caso. En abril de 2001, según se informó, la policía colombiana capturó unos 700 gramos de uranio enriquecido del tipo que se usa en los submarinos rusos y que podría haberse obtenido a través de miembros de la mafiya.

Los pequeños estados del Caribe han resultado ser especialmente atractivos para los sindicatos delictivos rusos. Ya muy instaladas en Europa Occidental, donde hay un lucrativo y floreciente mercado de cocaína, y en Rusia y otros países del antiguo bloque soviético, las organizaciones criminales rusas utilizaron cada vez más a diversas naciones del Caribe como puntos de tránsito para las actividades de contrabando de drogas y armas y como centros de lavado del dinero de sus crecientes operaciones internacionales desde mediados de los noventa. Con leyes de estricto secreto bancario y flexibles mecanismos de aplicación de las leyes financieras, islas del Caribe como Antigua o Aruba, donde los rusos abrieron numerosos bancos offshore a mediados de los noventa, ofrecían un atractivo resguardo para lavar grandes sumas de dinero proveniente de las operaciones de la mafiya. Panamá, Costa Rica y las Islas Caimán también sirvieron como santuarios para el lavado de dinero ruso. Las presiones cada vez mayores del gobierno estadounidense y de la comunidad internacional sobre estos destinos seguros del Caribe y América Central hicieron, a finales de los años noventa y comienzos del nuevo siglo, más difíciles las operaciones de los lavadores del dinero ruso, pero no detuvieron de ninguna manera este tipo de actividades de la mafia rusa (ni de otras organizaciones criminales internacionales) en toda la subregión.

Los esquemas de lavado de dinero de la mafiya no se limitaron, por cierto, al Caribe y a América Central. El sistema financiero ruso, poco institucionalizado y mal regulado, es reconocido como un importante paraíso para el blanqueado de dinero. El escándalo por el lavado de 10000 millones de dólares de dinero ruso, en que se vio involucrado el Bank of New York y que golpeó a Estados Unidos en 1998-1999, mostró claramente que tampoco las instituciones bancarias estadounidenses son inmunes a la penetración y manipulación de los grupos criminales rusos.

La acusación que en agosto de 2001 lanzó en Europa Occidental un antiguo socio de negocios del actual presidente ruso Vladimir Putin, por lavado de dinero y fraude, provocó serios cuestionamientos del desempeño que tuvo Putin en una oscura compañía ruso-germana de propiedades inmobiliarias. Fuentes de inteligencia estadounidenses y europeas sospechan que la empresa, la St. Petersburg Real Estate Holding Company (conocida por su acrónimo en alemán, SPAG), tiene vínculos con las operaciones de lavado de dinero de los mafiosos rusos y los narcotraficantes colombianos. Hasta el momento en que asumió la presidencia de Rusia, Putin formaba parte del consejo de asesores de la SPAG, y hay informes de que aún después de haber entrado en funciones mantenía estrechas relaciones con quien fuera director de las operaciones rusas de la SPAG, Vladimir Smirnov. Hasta hoy, no hay pruebas de que Putin haya recibido alguna vez dinero de la SPAG. Los funcionarios estadounidenses creen, más bien, que Putin ayudó a la SPAG a cambio de la promesa de que en el futuro recibiría apoyo político de algunos de los hombres influyentes de la compañía. La conexión Putin-SPAG puede ser un reflejo de la incipiente influencia de los famosos padrinos de la mafia rusa o "ladrones de la hermandad de la ley". La reunificación alemana a principios de los noventa dio a las organizaciones criminales rusas excelentes oportunidades, muchas veces en colusión con los antiguos comunistas de Alemania del Este, de establecer máscaras empresariales legítimas para actividades delictivas de la mafiya como la prostitución, el narcotráfico y el lavado de dinero en Alemania.

Como indicio de una nueva gran fase de la participación de la mafiya en el comercio colombiano de cocaína, en el periodo 1999-2000 un nuevo círculo contrabandista ruso (que vincula directamente figuras militares corruptas, jefes de la delincuencia organizada y diplomáticos, todos rusos, con las guerrillas de las FARC) hizo embarques regulares de hasta 40000 kg de cocaína hacia la antigua URSS, que cambió por cargamentos de armas rusas y de Europa del Este. De acuerdo con funcionarios de inteligencia estadounidenses, la mayor operación de contrabando ruso-colombiana de la que se tiene noticia fue como sigue:

1. Aviones de carga de fabricación rusa IL-76 despegaron de varias pistas de Rusia y Ucrania cargados con misiles antiaéreos, armas pequeñas y municiones.

2. Los aviones, que tienen las dimensiones aproximadas de un Boeing 707, hicieron escala en Ammán, Jordania, para abastecerse de combustible. Allí, eludieron las aduanas regulares de Jordania con ayuda de diplomáticos corruptos en el exterior y mediante el soborno de funcionarios locales.

3. Después de cruzar el Atlántico, los aviones de transporte usaron pistas de aterrizaje clandestinas o lanzaron en paracaídas el cargamento para entregarlo a las FARC.

4. Las aeronaves volvieron cargadas con hasta 40000 kg de cocaína. Parte se distribuyó en Ammán como pago por la mediación diplomática y se vendió en el Golfo Pérsico. El resto se envió a la antigua URSS para su venta allí o en Europa.

En 1999-2000, ingresaron a Europa por esta ruta cientos de miles de kilogramos de cocaína colombiana con un valor de 50000 dólares estadounidenses por kilogramo. Una fuente de inteligencia estadounidense de alto nivel identificó a Luiz Fernando Da Costa (alias Fernandinho o Fernando Beira Mar), uno de los mayores capos de la droga de Brasil hasta que fue capturado por las fuerzas armadas colombianas y luego deportado a una prisión brasileña a principios de 2001, como un actor fundamental en el envío de estos cargamentos de armas rusas a las FARC. En Colombia, Fernandinho aparentemente coordinaba los envíos de armas a las FARC a través de su base en el poblado de Barrancomina, Vichada, que también había sido el cuartel general del Frente número 16 de las FARC al mando de Tomás Medina Caracas (alias el Negro Acasio) e importante centro de procesamiento de cocaína operado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Da Costa también introdujo armas en Brasil y Colombia desde el poblado de Pedro Juan Caballero, en Paraguay, donde trabajaba con Fuad Jamil, empresario libanés que operaba en la misma localidad paraguaya. De hecho, fuentes estadounidenses sostienen que Hezbollah (la organización militante chiíta respaldada por los iraníes y cuyo centro está en Líbano), mejor conocida por sus actividades guerrilleras contra las fuerzas israelíes en el sur de Líbano, también podría estar involucrada. Hezbollah tiene raíces en las comunidades de inmigrantes árabes de Paraguay, Ecuador, Venezuela y Brasil, y muchas veces se vale de operaciones comerciales legítimas para encubrir transferencias de armas ilegales.

Además de la conexión brasileña en esta actividad rusa de introducción de armas en Colombia a cambio cocaína, también hubo una participación peruana. Ya en mayo de 1996, la policía estadounidense había hecho una captura de 170 kg de cocaína peruana (que en las calles de Estados Unidos tienen un valor de alrededor de 17 millones de dólares) en un avión DC-8 de la Fuerza Aérea Peruana que iba a Rusia pasando por Miami. Trece miembros de la Fuerza Aérea Peruana fueron arrestados en esa ocasión. En julio de 1996, se encontraron 130 kg en dos barcos de la Armada Peruana, uno en Vancouver, Canadá, y otro en el principal puerto de Perú, El Callao. De hecho, se investigaron los antecedentes de los oficiales peruanos, y a lo largo de la década docenas de ellos fueron aprehendidos y acusados de tráfico de armas y drogas.

Según Vladimiro Montesinos, destacado colaborador del ex presidente de Perú Alberto Fujimori, al menos en cuatro ocasiones distintas, en 1999 se transportaron clandestinamente por vía aérea desde Ammán, Jordania, donde habían sido adquiridas, hasta Colombia, armas del mercado negro ruso. En total, declaró Montesinos, a través de esta red peruana las FARC recibieron un total de 10000 rifles automáticos Kalashnikov AKM fabricados en Alemania Oriental. Los aviones hicieron escalas de abastecimiento de combustible en diversos países del Caribe, entre ellos Trinidad y Tobago, luego procedieron a lanzar en paracaídas sus cargamentos de armas sobre el territorio controlado por la guerrilla en Colombia, y finalmente aterrizaron en la ciudad peruana de Iquitos, situada en la cuenca alta del Amazonas. Luego de la entrega de las armas, la cocaína con que las FARC las pagaron se transportó presuntamente por vía aérea partiendo desde Colombia, por Iquitos, hasta la costa atlántica de Surinam; ahí fue estibada en buques de carga, camuflada entre contenedores de miel de exportación y llevada a Europa Occidental y Rusia para su venta en los mercados de droga. Si bien Montesinos no identificó más que cuatro vuelos de contrabando, otros informantes sostienen que en realidad hubo hasta 20 vuelos entre 1999 y 2000 y que podrían haberse entregado a las FARC unos 40000 rifles. Revelaciones posteriores indicaron que Montesinos podría también haber sido responsable de la venta a las FARC de al menos cuatro misiles tierra-aire Sam-16 de fabricación soviética.

De hecho, el mismo Montesinos estaba tras este círculo de contrabando de armas. La información sobre sus negocios relacionados con el tráfico de armas comenzó a filtrarse en julio de 2000, luego de que funcionarios aduaneros de Trinidad y Tobago detuvieran uno de los vuelos como parte de una inspección de rutina y descubrieran misiles, rifles y paracaídas rusos, en vez de las provisiones médicas que figuraban en el manifiesto de embarque. Cuando se le echó en cara por primera vez esta información, el ministro del Exterior peruano negó que el avión perteneciera al gobierno de su país. Varias horas más tarde, el entonces presidente de Perú Alberto Fujimori rectificó la versión de su ministro y reconoció oficialmente que el avión era propiedad peruana. Entonces la aeronave fue liberada y se le permitió seguir su camino. Sin embargo, el escándalo internacional que siguió a la revelación pública de la participación personal de Montesinos en esta operación ilícita provocó, en septiembre, su caída y, a fin de cuentas, el derrumbe del propio gobierno de Fujimori en noviembre de 2000. En los primeros seis meses posteriores a la caída de Fujimori, fueron arrestados y encarcelados por corrupción, contrabando de drogas y tráfico de armas 18 generales peruanos, además de otros 70 funcionarios militares y de inteligencia de alto rango del gobierno de Fujimori.La escala de estas operaciones de contrabando de armas por cocaína subrayan el enorme desafío que enfrentan las autoridades judiciales en Rusia y en los estados independientes de la antigua URSS, donde en muchos casos los agentes de inteligencia de la era soviética prácticamente abandonaron las operaciones de espionaje o inteligencia militar de la Guerra Fría y se pasaron a la delincuencia organizada.

Anonymou
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Re: La globalización y la delincuencia organizada

Mensaje por Anonymou el Mar Mar 06, 2007 4:47 pm

De acuerdo con funcionarios de inteligencia estadounidenses, el origen de las armas introducidas en Colombia desde Rusia son el crimen organizado y las fuerzas armadas. Aunque hacia mediados de 2000 las autoridades judiciales nacionales e internacionales interrumpieron las operaciones de contrabando antes descritas, la continuación de la desenfrenada actividad ilegal de la delincuencia organizada en la Rusia de hoy y en otros países del antiguo bloque soviético significa que en cualquier momento podrían surgir nuevos esquemas de intercambio de armas por drogas, si es que no lo han hecho ya. En efecto, la actual política del gobierno de intensa promoción de las exportaciones de armas bélicas, en especial a América Latina, con el fin de obtener las divisas que tanto necesita, mientras sistemáticamente pasa por alto o hace la vista gorda a la generalizada corrupción de las mismas fuerzas armadas rusas, prácticamente está sentando las bases para que este tipo de tratos se repita en el futuro.

En agosto de 2001, en el aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, las autoridades colombianas arrestaron a tres miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés) que viajaban con pasaportes falsos, pues se sospechaba que habían llegado al país para entrenar a los guerrilleros de las FARC en el uso de explosivos y tácticas terroristas urbanas. Niall Connolly (uno de los detenidos) había sido desde 1996 el representante oficial en Cuba de Sinn Fein, el partido político asociado al IRA en Irlanda del Norte. Otro, James Monaghan, había sido miembro del comité ejecutivo de Sinn Fein y, hasta el momento de su arresto, era "director de educación" del IRA, responsable de desarrollar nuevas armas y entrenar en su uso a los integrantes del IRA. Al tercero, Martin McCauley, quien junto con Monaghan había cumplido una condena en prisiones británicas por actos terroristas en Gran Bretaña, ya se le había visto con los guerrilleros de las FARC desde 1998. Si bien el alcance de los contactos del IRA con las FARC sigue sin quedar del todo claro, la captura de estos tres militantes del IRA en territorio colombiano revela de manera inequívoca que las conexiones internacionales de las FARC van mucho más allá de los narcotraficantes y las organizaciones delictivas y llegan también a los grupos terroristas. Con la decisión del IRA (luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos) de iniciar el desarme para evitar que fracase el proceso de pacificación en Irlanda del Norte, no puede descartarse la posibilidad de que los radicales recalcitrantes y desempleados del IRA acepten trabajar como "asesores" de las FARC en el futuro. En la práctica, muchas facciones del IRA en Irlanda del Norte parecen menos preocupadas por concretar el acuerdo de paz que por beneficiarse de los intereses que han depositado en las actividades delictivas internacionales.

Durante los años noventa y principios de la década siguiente floreció en Estados Unidos y muchas ciudades de América Latina el comercio de la "droga de diseño" o "de club", comúnmente conocida como "éxtasis" [MDMA, siglas de 3,4-metilenodioximetaanfetamina], lo que ofreció nuevas oportunidades de ganancias a las organizaciones criminales rusas que operan en el hemisferio occidental. La mayor parte del suministro mundial de éxtasis se fabrica en Holanda y Bélgica, aunque cada vez hay más indicios de que la producción comenzó a propagarse hacia Rusia y varios países de Europa del Este. Durante la última década, las organizaciones rusas e israelíes de tráfico de MDMA dominaron este mercado en Estados Unidos. Pero la alta rentabilidad del comercio comenzó a atraer a otras organizaciones narcotraficantes originarias de Colombia, República Dominicana, México y Asia. Es probable que estos grupos, quizá mediante alianzas temporales o a través de intercambios de éxtasis por cocaína, incursionen en las redes de tráfico de MDMA controladas por israelíes y rusos en los próximos años. Pero incluso si esas incursiones tienen lugar realmente, los analistas coinciden en que Europa, por su superioridad tecnológica en la producción del éxtasis, probablemente siga siendo la región de origen de la droga, al menos en el corto y mediano plazos.

Las organizaciones de narcotráfico dominicanas, aliadas con los cárteles colombianos, tuvieron una fuerte presencia en el comercio de cocaína en la Costa Este de Estados Unidos por más de una década. A mediados de los noventa, los dominicanos se convirtieron en los primeros contrabandistas latinoamericanos en desempeñar un papel importante en la distribución de MDMA, seguidos de los grupos delictivos de México y Colombia. Los traficantes de éxtasis que tienen la mira puesta en los mercados de Estados Unidos y América Latina se sirven de correos humanos (o "mulas"), que viajan en avión desde Europa a ciudades como Miami, Santo Domingo, Bogotá o México, pero también se han confiscado cantidades mayores de droga enviadas por mar en buques de carga. Los correos se tragan las píldoras de MDMA envueltas en globos de plástico o condones, o se las atan al cuerpo o a los equipajes. La DEA cree que los grupos criminales colombianos y dominicanos pueden haber comenzado a intercambiar cocaína por MDMA con traficantes europeos, israelíes y rusos, y que es probable que dichos intercambios incrementen de manera sustancial la oferta de MDMA en Estados Unidos y otras zonas del hemisferio en los próximos años.

Anonymou
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Re: La globalización y la delincuencia organizada

Mensaje por Anonymou el Mar Mar 06, 2007 4:47 pm

CUBA

En el archipiélago caribeño, en contraste con los estados capitalistas y democráticos que ostentan instituciones débiles y que fueron, sin distinción, presas fáciles para las mafias rusas transnacionales durante los años noventa, el Estado comunista de la Cuba de Fidel Castro, de carácter muy centralizado y autoritario, permaneció esencialmente inmune a la penetración criminal rusa en esa década. A finales de los ochenta, el gobierno cubano se vio involucrado con narcotraficantes colombianos cuando el general Arnoldo Ochoa, un prominente y renombrado comandante militar cubano en Angola, junto con otros oficiales que estaban a su mando, participaron presuntamente en el contrabando de narcóticos para apuntalar los escasos fondos destinados a sus tropas en Angola y, según se dijo, para lograr fortunas personales. Antes del juicio de alto perfil que tuvo lugar en 1989 en La Habana y en el que se condenó a muerte a Ochoa por narcotráfico, hubo múltiples rumores de que Fidel y su hermano Raúl, jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba, habían pasado por alto, por lo menos, las actividades de tráfico de drogas de Ochoa como modo de evadir el embargo estadounidense contra Cuba y obtener las divisas que tanto necesitaban para sostener la presencia militar de su país en África. Aún no se ha determinado si estas acusaciones contra los hermanos Castro tenían fundamento o no. Sea cual haya sido la verdad, sin embargo, el considerable ascendiente de Ochoa entre las tropas cubanas instaladas en Angola y entre los veteranos de la Isla, la mayor autonomía respecto de los hermanos Castro y del alto mando cubano que les confería el dinero de la droga, así como el sonoro oprobio desatado en el plano internacional por la revelación del papel de los oficiales militares cubanos de alto rango en las operaciones ilícitas de narcotráfico, todo ello, al parecer, hizo que el régimen de Castro terminara con la participación cubana en este tipo de tráfico a principios de los años noventa.

A pesar de los cerca de 30 años de estrechas relaciones cubano-soviéticas durante la Guerra Fría -tras la Revolución cubana de 1959-, el derrumbe de la URSS en 1991, el concomitante fin del dominio del Partido Comunista en Rusia y la progresiva cancelación de los antiguos subsidios soviéticos a Cuba iniciada en tiempos del primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin, dañaron seriamente las relaciones cubano-rusas en los años noventa. Irónicamente, la latente antipatía cubana hacia los rusos, presente de manera inconfundible entre los cubanos aún en el momento de mayor cooperación con los soviéticos en los años setenta y ochenta, se hizo más palpable en los noventa, haciendo de Cuba un país de destino potencialmente hostil para las organizaciones criminales rusas que buscaban establecerse en el Caribe. La cautela y vigilancia impuestas por el Estado cubano luego del caso Ochoa respecto de cualquier participación de Cuba en el narcotráfico internacional también debilitaron el establecimiento de las operaciones de la mafia rusa en la Isla. Por último, el embargo estadounidense contra Cuba y la limitada intervención del país en la economía capitalista global redundaron en que Cuba resultara muy poco atractiva como para que los mafiosos rusos intentaran instalar sus actividades delictivas transnacionales en la región.

Sin subsidios soviéticos importantes para mantener la economía cubana a flote (estimada en unos 10000 millones de dólares anuales a principios de los ochenta), durante los noventa Fidel Castro y la jerarquía comunista cubana se vieron forzados a buscar inversiones extranjeras de origen europeo (sobre todo español) en la industria estatal del turismo para tratar de diversificar la alicaída economía nacional. Una consecuencia no deseada del crecimiento del turismo extranjero en Cuba en esa década fue la aparición de un mercado ilegal de drogas (y prostitución) para atender al floreciente comercio turístico. Pequeñas bandas delictivas cubanas que trabajan con traficantes de Colombia, de países vecinos del Caribe como Haití, República Dominicana o Jamaica, e incluso de México, introducen drogas en Cuba para su distribución y venta en el país o como escala en su tránsito a Europa. El represivo aparato de seguridad del Estado cubano, sin embargo, ha tenido bastante éxito tanto en prevenir la aparición de poderosas bandas delictivas de alcance nacional como en frustrar los intentos de las mafias transnacionales rusas o de otro origen de usar el territorio cubano como punto de tránsito para el narcotráfico de gran escala hacia Europa.

De todos modos, dados los graves problemas de la economía cubana durante los años noventa (entre ellos la escasez del muy caro petróleo importado), la Marina y la Guardia Costera cubanos no han podido contar con el equipo o el combustible necesarios para patrullar de manera efectiva las aguas cubanas en las 12 millas del límite territorial. Los consecuentes huecos en el patrullaje costero cubano han permitido que traficantes colombianos y de otras nacionalidades usen las aguas cubanas como puntos de "entrega" de los cargamentos de narcóticos (las drogas son arrojadas por la borda de los barcos o lanzadas en paracaídas desde aeroplanos que sobrevuelan el mar) destinados al mercado estadounidense. Una vez que un cargamento, de acuerdo con lo convenido, está en el agua, los traficantes estadounidenses, que operan en "lanchas rápidas", recogen la droga y la transportan a los cayos del sur de Florida, impidiendo que las autoridades los detecten pues actúan al amparo de la noche o en la confusión del tráfico de los botes recreativos durante los fines de semana o las vacaciones. Aunque en los últimos años de los noventa y en los primeros años de la década actual los cubanos se acercaron numerosas veces a Washington con propuestas de una colaboración bilateral más estrecha e intenciones de compartir la información en el área del narcotráfico, los congresistas de línea dura de Estados Unidos rechazaron en general sus ofrecimientos, ya que se negaban de manera indeclinable a cualquier forma de colaboración con el régimen de Castro, incluida la cooperación en el área del control de drogas. El gobierno de George W. Bush que hoy está en la Casa Blanca ha mantenido esta política de no cooperación con el régimen de Castro en temas del combate a las drogas.

Anonymou
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Re: La globalización y la delincuencia organizada

Mensaje por Anonymou el Mar Mar 06, 2007 4:48 pm

BRASIL Y EL CONO SUR

Desde mediados de la década de los noventa hubo diversos informes de prensa que señalaban la creciente presencia de la delincuencia organizada rusa en el tráfico de armas y drogas y el lavado de dinero en Brasil y los cuatro países del Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay). Las muy publicitadas detenciones de alrededor de media docena de delincuentes rusos y de otros países del antiguo bloque soviético, que tuvieron lugar en los últimos años en las naciones de la subregión, otorgaron cierto crédito a estas alarmas periodísticas. Sin embargo, según un informe de mediados de 2000 sobre la mafia rusa preparado por funcionarios de seguridad nacional de Argentina, no había pruebas fidedignas de que las organizaciones criminales rusas que operaban en el territorio argentino afectaran seriamente al país.

Pero a pesar de los desmentidos oficiales, la presencia de la mafiya en Argentina (específicamente, de bandas chechenas) se ha relacionado ante todo con el uso de ese país como lugar de tránsito para embarques de cocaína de los Andes hacia Europa (en buques pesqueros o cargueros), tráfico de armas a Brasil y Colombia, y lavado de dinero. En la llamada área de "triple frontera" donde coinciden Argentina, Brasil y Paraguay, fuentes de inteligencia argentina detectaron contactos entre grupos separatistas chechenos y "terroristas islámicos"; y sospechan que los chechenos usan esas redes con propósitos de contrabandear armas. La frontera entre Argentina y Paraguay es tristemente conocida por el contrabando de todo tipo y ofrece condiciones prácticamente ideales para las operaciones de la mafiya. A la luz de su meta de independencia política, sin embargo, los chechenos deberían considerarse distintos de la mayoría de las demás organizaciones criminales rusas.

En junio de 2000, el diario brasileño O Globo publicó informes sobre la creciente participación de grupos de la mafia rusa en el reclutamiento de mujeres brasileñas para el ejercicio de la prostitución en Europa, sobre todo en España, y en Israel. También se informó que las redes criminales rusas eran responsables del contrabando de rifles AK-47 rusos a las favelas de Rio de Janeiro y São Paulo a cambio de cocaína colombiana, aunque las armas de fabricación rusa de todos modos no eran más que una pequeña parte de las armas introducidas en Brasil desde el extranjero, en comparación con las originarias de países como Estados Unidos, España, Bélgica y Argentina. En 2001, el general Rosso José Serrano, ex director de la Policía Nacional Colombiana, declaró que las redes criminales rusas también estaban introduciendo armas en Colombia a través de Brasil por las mismas rutas de contrabando que se habían creado para sacar cocaína de Colombia hacia Brasil, y de ahí a Europa.

El creciente papel de Brasil como importante punto de tránsito de cocaína ha hecho que el país se haya inundado con cocaína barata. Un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que cerca de 900000 habitantes de Brasil, de una población total de 170 millones, usan cocaína con regularidad (0.7%). Aunque este porcentaje está muy lejos de la tasa de consumo de Estados Unidos, que llega a 3% (5300000 personas), excede las tasas de consumo de países europeos como Francia o Alemania y hace de Brasil la segunda nación consumidora de cocaína en el mundo. En la larga y desprotegida frontera que separa a Brasil de Bolivia, Perú y Colombia, el kilogramo de cocaína refinada cuesta 2000 dólares estadounidenses o menos. En las principales áreas urbanas de Brasil, como Rio de Janeiro o São Paulo, un kilogramo se vende a sólo 4000 dólares, 80% menos que el precio al que se consigue en las calles de Nueva York o Chicago. Debido al aumento del tráfico y consumo de drogas, las tasas de crímenes violentos aumentaron en los grandes centros urbanos de Brasil, y muchas barriadas suburbanas dispersas del país se volvieron reductos armados controlados por bandas, llamadas "comandos de la droga", que muchas veces actúan como gobiernos alternativos en sus áreas de influencia.

La corrupción relacionada con la droga penetró también en la economía nacional brasileña y su sistema político. En 2001, una investigación del Congreso brasileño sobre corrupción vinculó a 827 brasileños prominentes con el narcotráfico y el lavado de dinero; entre ellos figuraban dos diputados federales, 15 legisladores estatales, cuatro alcaldes, seis directores de banco y muchos oficiales de policía y jueces. Este ambiente de corrupción oficial generalizada ha sido propicio para que las mafias rusas se expandieran a la par de las organizaciones criminales brasileñas de alcance nacional e hicieran alianzas con ellas. La presencia de la mafiya, sin embargo, aún es relativamente reducida en comparación con las organizaciones delictivas del propio país.

Uruguay, por su parte, se habría vuelto el sitio preferido de las actividades rusas de lavado de dinero en el Cono Sur durante los noventa debido a las regulaciones bancarias relativamente débiles del país. La laxa aplicación de la justicia uruguaya permitió a los mafiosos rusos tomar el control de varios bancos y obtener visas y pasaportes uruguayos con relativa facilidad. Según se ha informado, la mafiya también usa el sistema bancario boliviano para lavar dinero por las mismas razones. A pesar de la drástica reducción en la producción de la hoja de coca boliviana durante los gobiernos del presidente Banzer (que renunció a su cargo el 6 de septiembre de 2001, a causa de un avanzado cáncer) y sus sucesores, Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada, las bandas de la mafiya y la mafia italiana (junto con traficantes peruanos y bolivianos) habrían continuado usando las rutas de contrabando del norte de Bolivia para introducir cocaína boliviana y peruana en Brasil y, desde ahí, embarcarla en buques de carga destinados a Europa, sobre todo a España y Portugal, y a Rusia.

El 17 de enero de 2000, en el puerto chileno de Arica, en la costa del Pacífico, agentes aduaneros chilenos capturaron nueve toneladas de cocaína colombiana que estaban a bordo del buque mercante Nativa, de bandera panameña. El capitán del barco era colombiano, pero su tripulación estaba compuesta por ucranianos. La cantidad de cocaína capturada era 15 veces mayor que la asegurada en cualquier confiscación previa llevada a cabo por autoridades chilenas, y cinco veces mayor que cualquier captura que se hubiera hecho hasta entonces en Argentina. En ambos países, el episodio se consideró un ominoso indicador del creciente uso criminal conjunto de rusos y colombianos de las rutas costeras del Pacífico y el Cono Sur para introducir droga en Europa y en los países del antiguo bloque soviético.

Anonymou
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Re: La globalización y la delincuencia organizada

Mensaje por Anonymou el Mar Mar 06, 2007 4:48 pm

EL IMPACTO DEL CRIMEN ORGANIZADO RUSO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El ascenso que durante la última década y media ha experimentado la mafiya hasta alcanzar las dimensiones que tiene hoy en Rusia puede atribuirse directamente al desplome de la antigua URSS y a la extrema debilidad del Estado ruso contemporáneo y de sus principales instituciones económicas y judiciales. La intensidad y velocidad de la globalización luego de la Guerra Fría facilitaron la rápida expansión de la delincuencia organizada rusa en el exterior. Las limitaciones y deficiencias que han mostrado las medidas y los organismos judiciales rusos han permitido que las bandas delictivas de su país operen prácticamente sin freno en el sistema global. Su geografía, las drogas, las débiles instituciones estatales y la corrupción, pobreza y violencia generalizadas hicieron de muchos países latinoamericanos y caribeños objetivos especialmente vulnerables y atractivos para los grupos criminales rusos. Ya en 2003, el espectro de la cada vez mayor penetración de las organizaciones delictivas rusas de alcance transnacional en buena parte de América Latina y el Caribe ha adquirido una ominosa y fuerte presencia.

¿Cuáles son las probables consecuencias de esta profunda penetración? Para responder esta pregunta, es esencial destacar en primer lugar que quienes componen las organizaciones criminales rusas, en general, no son terroristas ni revolucionarios. Buscan ganancias ilegales a partir de actividades delictivas ilícitas en el marco del sistema capitalista global y protección ante acusaciones legales, no derrocar gobiernos de estados existentes. Sus empresas criminales tienden a ser estructuras laxas y descentralizadas más que jerárquicas y estrictamente disciplinadas. Sus estrategias delictivas preferidas implican la formación de alianzas oportunistas y temporales, más que estratégicas y permanentes, con mafias y autoridades políticas de los países latinoamericanos que les permitan operar sin ser objeto de las acciones de los organismos policiacos locales o internacionales. Sus tácticas predilectas son el soborno, la extorsión y la intimidación, más que la violencia y el asesinato indiscriminados, aunque si están muy presionados ciertamente pueden ser despiadados. Por lo tanto, en general no constituyen amenazas directas para la estabilidad y seguridad de los países de América Latina y el Caribe en cuyos territorios operan.

Los peligros y riesgos que implican para los gobiernos y las sociedades latinoamericanas las actividades de la mafiya en proceso de expansión dentro y fuera de sus fronteras nacionales son más indirectos que directos, aunque no por su oblicuidad son menos reales. En Colombia, por ejemplo, las operaciones de intercambio de la mafiya de armas por cocaína tuvieron el efecto innegable de mejorar el arsenal de las FARC y aumentaron su poder de fuego en relación con la policía y las fuerzas armadas colombianas, contribuyendo por lo tanto a la intensificación de los conflictos internos del país. El hecho de que la mafia rusa parezca igualmente dispuesta a vender armas a los paramilitares colombianos de derecha puede poner de relieve su falta de compromiso ideológico en la lucha civil colombiana que ya lleva varias décadas, pero de ninguna manera mitiga las consecuencias profundamente negativas que sus actividades ilícitas representan para la estabilidad política colombiana y la seguridad del Estado. Los servicios internacionales de lavado de dinero ruso se ofrecen de modo igualmente no partidista (por una tarifa, los rusos lavarán dinero de narcotraficantes, guerrilleros o paramilitares, con igualdad de oportunidades para todos). Al hacerlo, por supuesto, facilitan el movimiento clandestino de los narcodólares que ayudan a alimentar la permanente violencia de Colombia.

Incluso en los países de América Latina que no se debaten en brutales guerras internas como la que padece Colombia, el tráfico ilegal de armas rusas y los intercambios de armas por drogas mediante la conformación de alianzas con bandas delictivas locales aumenta de manera significativa el poder de fuego con que cuentan los elementos violentos de las sociedades en cuestión y hacen que, para los organismos judiciales, resulte más difícil y peligroso controlarlos. Las favelas brasileñas, por ejemplo, se volvieron zonas de guerra virtual, al menos en parte, debido a las conexiones entre el tráfico ruso de armas y drogas y las organizaciones delictivas locales. De manera similar, las "maras" centroamericanas mejoraron progresivamente sus arsenales y amenazan la estabilidad social y la seguridad del Estado en todo el Istmo, a consecuencia de sus vínculos con las organizaciones rusas de delincuencia transnacional (a las que se suman las estadounidenses, mexicanas y colombianas).

La mafia rusa no es, de ninguna manera, la única fuente de armas en la región. El mismo Estados Unidos es un gran proveedor de armas pequeñas en América Latina y el Caribe y otras partes del mundo. Además, de acuerdo con la Small Arms Survey, organización con sede en Ginebra, Estados Unidos es el principal exportador mundial de armas pequeñas y livianas, y vendió cerca de 1200 millones de dólares de los 4000 a 6000 millones de dólares que se comerciaron en todo el mundo en 1998. Pero dados el caos político y la relativa disponibilidad de armas del mercado negro en Rusia y en la mayoría de los países del antiguo bloque soviético, las mafias rusas disfrutan de significativas ventajas comparativas en el mercado clandestino y, por eso, se han establecido como protagonistas en el comercio internacional de armas ilícitas. Las consecuencias para América Latina y el Caribe se ven todos los días, en el aumento de las tasas de guerra entre bandas y de crímenes violentos registrados en todas las grandes áreas urbanas de la región.

Independientemente del mercado negro de armas, las estrategias y tácticas criminales de la mafia rusa para penetrar en la región representan una amenaza inherente, aunque sea indirecta, para la estabilidad institucional y la seguridad del Estado. Por lo regular, los grupos de delincuentes rusos no tratan de desplazar a las organizaciones delictivas locales ya instaladas en cada país de América Latina o el Caribe, sino más bien buscan cooperar con ellas para facilitar sus propias operaciones ilícitas y así eludir ser detectados y arrestados. De esta manera, fortalecen a los grupos delictivos locales con los que se asocian al proporcionarles mercados ampliados en Europa y Rusia para productos de contrabando como cocaína, heroína y metaanfetaminas, al compartir con ellos nuevas rutas de tráfico hacia estos lucrativos mercados (así como redes de distribución y protección en ellas), y al ayudar a lavar las ganancias resultantes de sus empresas ilegales en todos los canales en la propia Rusia y en el exterior.

El "matrimonio por conveniencia" de la mafiya con el cártel de los Arellano Félix, cuyo centro de operaciones está en Tijuana, México, muestra el peligro potencial de estas alianzas. La confiscación, en mayo de 2001, de 12 toneladas de cocaína en el Svesda Maru, cuya tripulación era rusa y ucraniana, fue la mayor en toda la historia marítima de Estados Unidos. El dinero y las armas que obtuvo la pandilla de los Arellano Félix a través de sus vínculos con los grupos delictivos rusos con toda seguridad aumentó la riqueza del cártel de Tijuana y su capacidad de comprar a la policía mexicana y la "protección" política, y le proporcionó mejores armas y equipos para frenar a bandas rivales o resistir las operaciones en su contra por parte de los organismos judiciales mexicanos o estadounidenses. Los muy sonados éxitos que en 2002 logró el gobierno del presidente mexicano Vicente Fox en el combate contra la banda de los Arellano Félix, si bien notables, de ninguna manera acabaron definitivamente con la expansión de las conexiones ruso-mexicanas de la delincuencia organizada.

Las tácticas rusas predilectas de soborno, chantaje e intimidación ejercen corrosivas presiones en las instituciones del sector público y privado, y de ese modo socavan las posibilidades de los distintos países de preservar un clima económico y social estable, las capacidades efectivas de aplicación de la justicia y la igualdad de oportunidades necesarias para impulsar las actividades comerciales legales y atraer la inversión extranjera esencial para el crecimiento económico de largo plazo. Los modelos tradicionales y de larga data de gobierno patrimonialista, caudillismo, clientelismo y corrupción burocrática en toda América Latina alentaron e hicieron más fácil que los grupos delictivos rusos recurrieran a estas tácticas consagradas (como ocurrió con las organizaciones delictivas locales). Una y otra vez, muchos (si bien no todos, por cierto) agentes de aduana, oficiales del ejército, jueces, políticos y empresarios de países grandes y pequeños de toda la región demostraron ser susceptibles de dejarse seducir por estas tentaciones.

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Re: La globalización y la delincuencia organizada

Mensaje por Anonymou el Mar Mar 06, 2007 4:49 pm

La cada vez mayor presencia de la mafia rusa en América Latina y el Caribe no constituye en la actualidad una amenaza directa para la seguridad de los distintos países de la región ni para Estados Unidos. Sin embargo, contribuye indirectamente a la inseguridad y a la creciente perturbación económica, social y política de todo el conjunto (y se alimenta de ellas), y por lo tanto es parte de un creciente desafío al crecimiento económico, la efectiva gobernabilidad democrática y la estabilidad de largo plazo en el hemisferio.

En el futuro, las redes criminales transnacionales rusas y de otros orígenes que operan en América Latina y el Caribe podrían convertirse en amenazas más directas para la seguridad estatal en la región y en el mismo Estados Unidos. No es inconcebible que las redes que en un principio se establecieron para transportar drogas y armas livianas se reconfiguren para trasladar armas pesadas como aviones caza de combate o submarinos, distribuir armas químicas o biológicas de destrucción masiva, o introducir asesinos a sueldo y/o integrantes de la red terrorista Al Qaeda, si hacerlo proporcionara el lucro suficiente. A finales de octubre de 2001, por ejemplo, la prensa de Estados Unidos y Colombia reprodujo rumores según los cuales representantes de "grupos árabes" se habían acercado a narcotraficantes colombianos con el propósito de pagarles para que mezclaran ántrax en la cocaína antes de introducirla en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses desestimaron inmediatamente esos informes por carecer de credibilidad.

Si bien este tipo de reconfiguraciones es concebible, a menos que los beneficios esperados sean tan importantes como para resultar irresistibles, la lógica del mercado clandestino (altos beneficios y pocos riesgos) hace que las organizaciones delictivas transnacionales no se vinculen con proyectos terroristas. Los narcotraficantes, por regla general, no están interesados en destruir sus propios mercados o exponerse a una intensa persecución internacional. Hoy día, no hay pruebas fidedignas de que estas reconfiguraciones ya hayan ocurrido en algún sitio de América Latina o el Caribe.

La tendencia a borrar la distinción entre el crimen organizado y los grupos terroristas es más pronunciada en los países de la antigua URSS. En el caso de los "terroristas" chechenos, por ejemplo, no queda del todo claro si están más interesados en crear un Estado-nación independiente o en perpetuar la inestabilidad regional, de modo que pudieran continuar beneficiándose del comercio de drogas y otras empresas ilegales. De manera similar, mientras algunos miembros del Movimiento Islámico de Uzbekistán son partidarios de promover una rama militante y extremista del Islam, la mayoría parece concentrarse sobre todo en sacar provecho del tráfico de drogas de Afganistán y Asia Central. Por el precio adecuado, sin embargo, seguramente uno u otro grupos podrían convencerse de trabajar para Osama bin Laden y la red terrorista Al Qaeda, si no son ya parte de ella. La guerrilla de las FARC es la manifestación en el hemisferio occidental de la fusión potencial de narcotráfico, guerrilla y actividades terroristas dentro de los límites de un solo país.

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Re: La globalización y la delincuencia organizada

Mensaje por Anonymou el Mar Mar 06, 2007 4:49 pm

RESPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA A LA GLOBALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DELICTIVAS RUSAS

Tal como ocurre con otras formas de delincuencia organizada transnacional en el mundo, enfrentar con éxito el creciente desafío de la mafiya exigirá grandes reformas institucionales en áreas como aplicación de la justicia, lavado de dinero, control fronterizo y medidas anticorrupción en el nivel de cada uno de los distintos países de la antigua URSS, y cooperación multilateral sostenida y trabajo de inteligencia común entre los organismos judiciales de nivel subregional, regional e internacional. También exigirá un entendimiento mucho más claro por parte de las élites políticas y judiciales en todos los países de América Latina y el Caribe sobre la naturaleza transnacional de las amenazas que enfrentan en sus propias naciones y de la consecuente necesidad de revisar las nociones tradicionales y muchas veces anticuadas de soberanía nacional y el muy arraigado, pero cada vez menos funcional, rechazo pseudonacionalista a la cooperación internacional. Hasta hoy, no ha habido avances ni en las reformas nacionales necesarias ni en la coordinación adecuada de nivel multilateral (y mucho menos en los cambios necesarios de modos de pensar). En consecuencia, las organizaciones delictivas rusas han sido capaces de propagarse por toda la región latinoamericana prácticamente sin limitaciones por más de una década.

Los primeros pasos que se dieron en la arena internacional en respuesta a los devastadores ataques terroristas en suelo estadounidense indican que podría darse un nuevo impulso a una mayor cooperación multilateral. En términos específicos, el impulso adicional que dieron Estados Unidos y la Unión Europea a los aspectos multilaterales de la aplicación de la ley en el caso de llegar a la "guerra" contra el terrorismo global fue la promesa de una nueva era de coordinación internacional contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Para afrontar efectivamente esta nueva etapa de terrorismo global y al mismo tiempo combatir al crimen organizado transnacional, sin duda será necesaria la paciente construcción de nuevos y más eficaces mecanismos multilaterales para la supervisión y la vigilancia internacional de los movimientos terroristas, el tráfico de estupefacientes, la venta ilegal de armas, los flujos ilícitos de capital y el lavado de dinero. La actual controversia internacional precipitada por las amenazas de la administración Bush de invadir Irak a principios de 2003 con una "coalición de los dispuestos", aun sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, desafortunadamente, podría dañar seriamente los intentos de alcanzar mayores grados de cooperación y coordinación multilateral en el área de la aplicación de la ley.

Los dos elementos comunes al terrorismo global y a la delincuencia organizada transnacional (es decir, lavado de dinero y proliferación de armas) podrían terminar catalizando acciones serias y sostenidas de coordinación multilateral en el ámbito de la aplicación internacional de la justicia. Pero el entusiasmo actual por los esfuerzos multilaterales también podría evaporarse demasiado pronto. La verdadera clave del éxito, tanto en la "guerra" contra el terrorismo como en el combate a la delincuencia organizada transnacional, dependerá de que la comunidad internacional en su conjunto tenga la capacidad y la voluntad necesarias para elaborar e institucionalizar sistemas eficaces de coordinación y cooperación multilaterales de largo aliento. Los estados de América Latina y el Caribe probablemente sean llamados a desempeñar papeles de envergadura en este proceso. No actuar pronto y de manera efectiva podría tener un precio muy alto en términos del debilitamiento de la prosperidad nacional y la estabilidad democrática en cada uno de esos Estados-nación, así como de las presiones y sanciones internacionales, ya sea que Estados Unidos las aplique unilateralmente o, en forma multilateral, la comunidad internacional.

NOTA

* Los "ladrones de la hermandad de la ley" son los jefes del hampa, la élite del crimen organizado. Datan su existencia desde los tiempos del imperio soviético, y esta expresión proviene de la jerga carcelaria. La ley de los "ladrones de la hermandad" implica una especie de jerarquía entre delincuentes; el carácter de su "ley" es asocial: sus miembros no trabajan; no contraen matrimonio ni tienen hijos; respetan a sus padres, hermanos, etc., por encima de todo; no se delatan entre sí, etc. Muy aminorados hacia la desaparición de la URSS, después han recuperado terreno, como se ve en este artículo.

Anonymou
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Re: La globalización y la delincuencia organizada

Mensaje por Opossum el Mar Jun 03, 2014 8:24 pm

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Re: La globalización y la delincuencia organizada

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